LEY CHLIMPER, NEOLIBERALISMO Y SUS HERENCIAS
La mañana del lunes 30 de noviembre de 2020, miles de obreros agrícolas paralizaron las actividades de las grandes empresas agroexportadoras en Ica y otras regiones. Aquella protesta se convirtió en símbolo de la resistencia frente a un sistema que, amparado en normas como la Ley N.º 27360 —más conocida como "Ley Chlimper"—, consolidó un régimen laboral profundamente precario.
Esta ley, promovida durante el régimen de Alberto Fujimori y con el entonces Ministro de Agricultura José Chlimper como uno de sus impulsores, fue presentada como una medida temporal para “promover” el agro. Sin embargo, fue prorrogada sucesivamente hasta el 2031, incluso bajo gobiernos democráticos, lo cual revela su funcionalidad sistémica más allá de ideologías políticas. Su derogación en 2020 no fue una concesión del Estado, sino una conquista de la lucha social, que se cobró incluso la vida de jóvenes manifestantes en regiones como La Libertad.
Tercerización, flexibilización y simulacro de modernización
Uno de los mecanismos centrales de precarización fue el uso extendido de servis o empresas intermediarias. Según el marco legal, se trataba de tercerización “especializada”. En la práctica, permitió a los grandes fundos evadir responsabilidades laborales y desentenderse de los derechos más elementales de sus trabajadores.
La temporalidad del trabajo agrícola, en función de los ciclos productivos, ya era una dificultad estructural. Sin embargo, la tercerización institucionalizó la inestabilidad. Los trabajadores no solo tenían empleos temporales, sino también derechos temporales. Las condiciones laborales incluían pagos diarios de menos de 40 soles, en los que se diluían gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicio, además de jornadas de trabajo que podían alargarse sin un horario de término definido.
El modelo neoliberal y la acumulación por desposesión
Este marco no es casual ni aislado. Responde a un modelo económico neoliberal consolidado desde los años noventa. Como sostiene Martínez (2009), el neoliberalismo desplaza al Estado como productor directo para reconfigurarlo como garante de la acumulación privada. En el caso peruano, esto se ha traducido en un sistema legal que protege al capital a costa del trabajo, disfrazando de modernización lo que, en esencia, es acumulación por desposesión.
El crecimiento del sector agroexportador —que, según la Cámara de Comercio de Lima, llegó a representar más del 5% del PBI y a emplear a más de 4 millones de peruanos en 2019— no significó mejoras reales para la mayoría de sus trabajadores. Es decir, crecimiento sin redistribución. La "modernización" agrícola se edificó sobre una mano de obra barata, flexible y fácilmente reemplazable.
¿Qué ha cambiado hasta el 2025?
Aunque la Ley Chlimper fue derogada, su espíritu permanece. La tercerización sigue siendo una práctica común. En abril de 2022, por ejemplo, el Tribunal Constitucional emitió fallos que flexibilizan aún más la tercerización laboral. Y muchas de las empresas agroexportadoras adaptaron sus contratos sin mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los obreros.
Las brechas sociales y económicas se han profundizado. La informalidad laboral, la migración forzada por falta de oportunidades y la fragilidad del agro familiar son síntomas del mismo modelo. Las protestas sociales de los últimos años, incluyendo las del sur andino a raíz de crisis políticas más amplias, tienen raíces comunes con las del agro: un Estado capturado por intereses económicos, una Constitución heredada del autoritarismo y una economía que no distribuye sus beneficios.
Una agenda pendiente
La derogación de la Ley Chlimper fue un paso importante, pero insuficiente. La discusión actual debe ir más allá: implica revisar los marcos jurídicos que sostienen la desigualdad estructural y el modelo extractivo-exportador. Implica pensar en otra forma de desarrollo, una donde los derechos laborales, la sostenibilidad ambiental y la justicia social no sean “costos” sino pilares del crecimiento.
La lucha de los obreros del agro no es un hecho aislado del pasado. Es una advertencia permanente sobre las consecuencias de mercantilizar el trabajo humano. Hoy, más que nunca, es necesario reabrir el debate sobre una nueva Constitución que deje de servir al capital y comience a servir a la dignidad.
Bibliografía
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Chávez, D. (2021). Precariedad laboral en el sector agroexportador del Perú. Lima: Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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De Echave, J. et al. (2009). Minería y conflicto social. Lima: CooperAcción. (Aunque enfocado en minería, ofrece claves sobre el modelo extractivista aplicable al agro)
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INEI (2019-2024). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Martínez, J. (2009). “Neoliberalismo y derechos laborales: una mirada crítica”, Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2020). Informe sobre la Ley de Promoción Agraria N.º 27360.
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OIT (Organización Internacional del Trabajo). (2021). Tercerización laboral en América Latina: desafíos y tendencias. Ginebra: OIT.
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Plataforma de Agricultura Sostenible. (2023). Condiciones laborales en la agroexportación peruana: informe técnico sobre trabajo decente.
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Tribunal Constitucional del Perú. (2022). Sentencia recaída en el expediente N.º 008-2021-PI/TC.
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Zegarra, J. (2020). “La Ley Chlimper y el régimen laboral agrario: entre la formalización y la explotación”, Derecho & Sociedad, PUCP.
